Auditorías de la SFP arrojan anomalías como debilidad en el diseño y opacidad; Secretaría del Bienestar no reintegró oportunamente 12.6 mdp de apoyos a hijos de madres trabajadoras.

La gestión de los programas sociales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de escrutinio por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y organizaciones civiles. Los datos obtenidos revelan irregularidades persistentes, una preocupación compartida por expertos en inclusión.

“Sí hay problemas de corrupción en los programas sociales. Las modalidades no son las mismas (que en otros sexenios), pero sigue el problema de la corrupción, no seamos ingenuos”, opinó Laure Delalande, directora de Inclusión y Desarrollo Sostenible de la organización Ethos Innovación en Políticas Públicas.

Auditorías de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que concluyeron en diciembre de 2023, cuya copia tiene tiempo nacional, advierten deficiencias en la implementación de programas sociales.

Estas fallas abarcan desde problemas en el diseño y falta de transparencia, hasta la ausencia de comprobación de pagos y devolución de recursos públicos. Por ejemplo, la auditoría interna 4/2023 de la Secretaría del Bienestar revela que el programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras tiene deficiencias en su diseño, una identificación limitada de las causas del problema central y la falta de reintegro oportuno de 12.6 millones de pesos.

La auditoría 22-113-IC-20100-01 señaló la falta de definición de actividades entre áreas encargadas de la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, lo que podría provocar una operación inadecuada.

“Los sistemas de información con los que cuenta el programa no permiten generar información transparente y confiable sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como sobre el uso eficiente de los recursos públicos, de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables”, concluyó.

En la revisión 901-09/2023 se enfatizó que los manuales de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no contemplan procedimientos adecuados, “situación que no permitió garantizar la eficiencia, eficacia, seguridad y confiabilidad en los procesos de entrega y reposición de tarjetas”.

Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta el 8 de mayo pasado, la Secretaría del Bienestar aún tenía observaciones pendientes de aclarar derivadas de auditorías. A éstas se suman investigaciones recientes de organizaciones civiles. La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno (JTD) analizó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y concluyó que es una política acertada del gobierno, pero con “limitaciones serias”.

La alianza, compuesta por 70 organizaciones civiles, enfatizó que este programa no focaliza ciudades y zonas con mayor cantidad de jóvenes que no estudian ni tienen un trabajo. No garantiza una experiencia laboral significativa ni considera mecanismos de vinculación laboral efectivos. Tampoco está alineado con otros apoyos económicos, lo que podría incentivar el abandono escolar. “La situación laboral de las y los jóvenes en México no ha cambiado mucho a pesar de la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro”, destacó la alianza, lo que es preocupante, dijo, debido a que el programa ha inyectado recursos millonarios en apoyo a 2.9 millones de personas.

Para este año, el programa tiene presupuestados 24 mil 200 millones de pesos, lo que representa 85% del presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Entre 2018 y 2022, la inscripción de jóvenes en el IMSS disminuyó. Mientras que el total de jóvenes sin trabajo descendió, aumentó el número de jóvenes trabajando en empleos precarios. Esto significa que, si el programa contribuyó a la inserción laboral de jóvenes en este periodo, la gran mayoría no consiguió un empleo formal”, precisó la alianza en un análisis sobre las claves para una política pública integral.

Según el informe de monitoreo de los programas sociales publicado en enero de este año por el Coneval, “de los programas prioritarios, 19% (tres) no ha definido con claridad su población objetivo, mientras que 25% (cuatro) enfrenta retos para alinearse con una temática específica debido a objetivos centrales ambiguos. Tres de estos programas presentan ambas problemáticas, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro posee una clara identificación de su población objetivo, pero debe delimitar su problemática social”.

Para Laure Delalande, especialista de Ethos Innovación en Políticas Públicas, el Gobierno federal no está haciendo nada por solucionar los vicios en los programas sociales, pues persiste la manipulación de padrones que permiten desviar dinero y coaccionar el voto en elecciones.

La directora general de Ethos, Liliana Alvarado, agregó que el país tampoco ha avanzado en recuperar recursos públicos de programas sociales “que se robaron”, por lo que “hay una nube gris” en esa materia.

El Sistema Público de Consulta de la ASF encontró irregularidades por siete mil 176 millones de pesos en la Secretaría de Bienestar entre 2019 y 2022. De esa cantidad, dos mil 804 millones están pendientes de aclaración o recuperación. La mayoría de las auditorías se centró en revisar programas sociales.