Quien realice las denominadas terapias de conversión sexual, podría ser acreedor de dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos y determinar responsabilidades.
Así lo aprobó el pleno del Senado con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, quien determinó que este tipo de acciones recurrente en un sector de la población representan prácticas que menoscaban la integridad de las personas.
El documento fue enviado al Ejecutivo Federal, para su promulgación y establece sancionar con prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, precisan que aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.